Reto del nuevo gobierno de Ollanta Humala
Defensoría del Pueblo da cuenta de más de 200 conflictos sociales
Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, días atrás dio cuenta del Reporte de Conflictos Sociales Nº 87, documento que registra un total de 227 conflictos hasta el mes de mayo, que se convierten en otro reto más que tendrá que resolver el gobierno de Ollanta Humala.
De los 227 conflictos sociales, 142 se encuentran activos (63%) y 85 se mantienen en estado latente (37%). Se han registrado 40 acciones colectivas de protesta ocurridas en el quinto mes del año.
Durante mayo del 2011, 92 casos continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo (el 64% del número de casos activos), entre los que figura el caso socioambiental localizado en los valles de los ríos Pativilca, Fortaleza y Santa (Áncash), donde el 30 de abril se instaló el equipo técnico para la elaboración del estudio de la laguna de Conococha como cabecera de cuencas.
El documento de la Defensoría alerta sobre seis nuevos conflictos sociales. Cuatro de ellos son socioambientales, el quinto caso corresponde a una demarcación territorial y el sexto se debe a reclamos de los estudiantes de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, quienes rechazan la permanencia de su rector, a quien atribuyen presuntas irregularidades en su gestión.
Con respecto a los nuevos conflictos socioambientales, el primero está ubicado en la comunidad campesina de Huaripampa (Áncash), donde los comuneros denuncian un supuesto incumplimiento del plan de desarrollo comunal conforme a los compromisos asumidos con la empresa minera Antamina.
El segundo se debe a la protesta por supuestos incumplimientos de compromisos, por parte de la empresa minera Xstrata Las Bambas, pero el caso ya está encaminado por la vía del diálogo.
El tercero de esta naturaleza se ha producido en una localidad situada entre los distritos de Lucanas (Ayacucho) y Nazca (Ica), donde la Comunidad Campesina de Concepción (Ayacucho) se opone al desarrollo de actividades mineras informales en la zona.
El cuarto caso ha aparecido en el distrito de Orurillo, donde los pobladores del distrito rechazan las actividades mineras de Ciemsa La Poderosa en la zona.
Respecto al nuevo caso por demarcación territorial, este corresponde al diferendo existente entre la Municipalidad de Uchumayo y la Municipalidad de Tiabaya (Arequipa), las cuales reclaman, como parte de su jurisdicción, los terrenos que ocupa el Asentamiento Humano Virgen de las Peñas.
El informe elaborado por la Adjuntía de Prevención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo señala, además, que se han reactivado dos conflictos sociales: un caso socioambiental y un conflicto por asuntos de gobierno local, en Cajamarca y Junín, respectivamente.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo ha dado a conocer su preocupación por los hechos ocurridos en Huancavelica y el paro convocado en Puno. En el primer caso, la reciente creación de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja, que ha motivado la utilización de los recursos económicos, humanos y logísticos de la Universidad Nacional de Huancavelica, continúa generando el rechazo de los estudiantes de esta última.
Tras remarcar que todavía existe un alto porcentaje de conflictos que aún no se han resuelto lo que significa un desafío muy grande para el siguiente gobierno, Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, hizo hincapié en que la nueva administración tiene "una oportunidad para introducir algunas reformas en el manejo y administración de los conflictos, que nos permitan tener un país con intereses más armonizados y asegurar la paz social".
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